Diego Pardow explora las consecuencias de la automatización de decisiones administrativas en su artículo “El turco mecánico: Democracia, tecnocracia y automatización de las decisiones administrativas” para este número de Intersecciones. Expone persuasivamente los motivos para ser escéptico de tal automatización. Sus razones son tres, si resumo correctamente la esencia de sus argumentos. Primero, que la automatización de las decisiones administrativas cambia la forma en que los ciudadanos entienden el Estado y se relacionan con él, porque la asignación de responsabilidad (culpa o crédito) de las decisiones administrativas se vuelve mucho más difícil con la automatización. En segundo lugar, con la automatización de toma de decisiones se aumenta la distancia entre el foco de las decisiones públicas y la ciudadanía, y el debate se enmarca en términos técnicos, que no son fácilmente accesibles para el público, y, por estas razones, la automatización puede perjudicar la democracia. Finalmente, la automatización elimina el «toque humano» en las decisiones administrativas: un algoritmo no puede comprender y responder a la complejidad humana de manera satisfactoria.

Pardow reconoce que la automatización de la toma de decisiones administrativas tiene muchas ventajas, pero explora las ventajas brevemente dado que el énfasis del ensayo está en las desventajas. En este comentario breve, expondré un argumento importante a favor de la automatización que el autor no analiza en profundidad, que es que la automatización puede ayudar a aislar la toma de decisiones administrativas de la influencia de intereses especiales.

Cuando la toma de decisiones sobre temas administrativos recae en burócratas, especialmente aquellos en terreno que se encuentran más cercanos a los sujetos de sus decisiones, existe el riesgo de que decidan, no en base a intereses públicos, sino en base a intereses especiales, por ejemplo, de aquellos sectores que tienen la responsabilidad de regular y monitorear, aquellos con quienes tienen vínculos familiares, o incluso sus propios intereses. La centralización y el aislamiento de las decisiones administrativas pueden proteger las decisiones públicas de la influencia de tales intereses especiales. Al automatizar dichas decisiones se niega el acceso de intereses especiales al proceso de toma de decisiones, y, por otra parte, la centralización permite que múltiples intereses entren en conflicto en un nivel más concentrado, lo que, en cierto sentido, permitiría una mayor pluralidad de voces en el proceso de toma de decisiones. Estos han sido argumentos clave en los estados modernos para aislar las agencias reguladoras y los bancos centrales de los políticos electos y otros actores con intereses especiales.

Se puede plantear dos objeciones al argumento de que la centralización y la automatización protegen las decisiones administrativas de la influencia de intereses especiales. En primer lugar, el argumento de que la centralización pone en debate múltiples intereses y, por lo tanto, asegura una toma de decisiones más pluralista, no impide que los actores con más recursos tengan más influencia en las decisiones públicas. Por ejemplo, la centralización de la decisión sobre un proyecto minero con impactos ambientales permite que múltiples intereses sean debatidos y enfrentados entre ellos, los de las compañías mineras, los de las organizaciones no gubernamentales y actores similares. Pero la centralización de esa decisión no garantiza que los actores con más recursos financieros no tengan una influencia desproporcionada en la decisión final. Es decir, en la lucha de múltiples intereses públicos y especiales, los intereses especiales aún podrían ganar porque disponen de mayores recursos que pueden influir en la decisión.

En segundo lugar, el argumento de que la tecnocratización o automatización aísla el proceso de toma de decisiones de intereses especiales también puede cuestionarse sobre la base de que la tecnocracia o los algoritmos no son neutrales, que se basan en ideologías o ideas sobre cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar. Pardow llama la atención sobre este tema en el caso chileno, donde abogados y economistas, aparentemente neutrales, que en el pasado habían sido fuentes de decisiones administrativas, no eran para nada neutrales. Del mismo modo, las máquinas y los algoritmos no serían neutrales; son diseñados y operados por humanos que tienen ideas sobre cómo debería funcionar el mundo, por ejemplo, si los mercados o la política deberían decidir cuestiones cruciales sobre el bienestar de las personas.

Se deduce de esta discusión que la tecnocratización, automatización o centralización no son garantías claras y automáticas contra el impacto de intereses especiales en la toma de decisiones públicas. No obstante, es importante reconocer en los debates públicos que el aislamiento de intereses especiales es un argumento fuerte a favor de la centralización y la automatización, además de otras ventajas como la eficiencia administrativa mencionada por Pardow. En última instancia, la decisión de centralizar y/o automatizar las decisiones administrativas en ciertas áreas debe tomarse democráticamente, a través de un debate público informado sobre las ventajas y desventajas de cada opción.