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Marcela Ríos
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Lo que el dinero sí puede comprar
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¿Ayuda a comprender algo de la situación de Chile y los fenómenos del último tiempo las ideas que se presentan en el texto ofrecido? Esa es la pregunta que nos deja el profesor Carlos Peña, y que él responde con un sí.

El ensayo se construye a partir de una serie de tesis teóricas y viene a reforzar, por una parte, una tradición reflexiva presente en el debate nacional en línea con trabajos como los del sociólogo Tomas Moulian, quien reflexionaba hacia fines de la década de los noventa sobre la centralidad del consumo en la transformación de la sociedad chilena. Y por otra, hallazgos que investigaciones empíricas ya estaban anunciando hace algún tiempo. Véase, por ejemplo, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2002 – Nosotros los chilenos, un desafío cultural – donde se plasmaba la transformación de la cultura chilena a partir del consumo y la individualización, o los trabajos de investigadores como Danilo Martuccelli y Kathya Araujo, quienes también se focalizan en el valor y la transformación del consumo.

Dicho esto, y dado los diversos acontecimientos que ha vivido la sociedad chilena en los últimos 10 años, uno se podría preguntar: ¿se necesitan otras herramientas conceptuales para entender el valor del dinero en la sociedad y cultura política chilena? La experiencia indicaría que sí, que en el contexto actual sigue siendo necesario mejorar nuestra capacidad para interpretar las expresiones de esa relación.

Permítanme entregar dos ejemplos que ilustran cómo se manifiesta de manera contradictoria el rol del dinero en las transformaciones sociales y cultures.

Primero, la muy discutida y cuestionada relación entre dinero y política, fundamentalmente en cómo dicha relación se plasma en el plano electoral y en el funcionamiento de los partidos políticos. Parte importante de las reformas a las reglas del juego democrático que se produjeron en Chile durante los últimos años fueron impulsadas precisamente porque se llegó al convencimiento que el poder del dinero en la democracia era desmedido y que el país no contaba con las normas, ni instituciones que permitieran controlar, de manera adecuada, el financiamiento regular e irregular de la política. A partir de esta discusión, el dilema político y cultural en Chile, no es sólo entender lo que el dinero puede comprar, sino también mostrar que es lo que compra y ha comprado en términos concretos. Los casos de corrupción en los que han incurrido representantes políticos, así como el financiamiento irregular de la política, han dejado en evidencia que el dinero puede tener un efecto gravitante en orientar, y a menudo distorsionar, la voluntad popular y los esquemas formales de representación, tal y como fueran concebidos desde el proyecto democrático iluminista.

Así, el reproche moral, el debilitamiento de la confianza y el cuestionamiento que surge desde los/as ciudadanos respecto de los mecanismos de financiamiento de la política que se habían normalizados por las élites, no deben ser entendidos necesariamente como una crítica al rol del dinero para organizar la convivencia social, sino más bien, como un malestar con su intromisión en un ámbito que se esperaba quedaría fuera de su alcance.

La promesa de la democracia representativa, de los derechos civiles y políticos, es justamente la existencia de una esfera donde las desigualdades de origen, el poder del dinero, queden fuera para permitir que todos expresen sus preferencias libremente.

Constatar la distancia entre el ideario y la realidad nos lleva a un segundo ámbito donde se evidencian contradicciones: El malestar en torno a la desigualdad, o, mejor dicho, las desigualdades; entendidas estas como ventajas y desventajas que representan condiciones estructurantes de la vida y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente en sus consecuencias por las personas, o ambas.

Una de las desigualdades menos toleradas en Chile (ver Desiguales PNUD 2017, también el primer foro de Intersecciones), se refiere a aquellas – en salud y educación– donde el dinero permite que una minoría pueda comprar y recibir servicios de excelencia y calidad, mientras que el grueso de la población, que no cuenta con los recursos necesarios, debe aceptar servicios deficientes. Diversas otras investigaciones empíricas (incluyendo estudios de opinión de la Universidad Diego Portales), muestran que existe una demanda para que los bienes más preciados en la sociedad chilena– como una buena salud y una educación de calidad – no estén regulados por el dinero. Por cierto, las personas estiman fuertemente que se valore su esfuerzo individual, pero en ámbitos tan sensibles para la dignidad, calidad de vida y oportunidades, como lo son la salud y la educación, el ideario individual liberal se contrapone con la demanda por igualdad, seguridad y universalidad de derechos y servicios.

Así es como al intentar definir el rol que juega el dinero en las relaciones sociales y los imaginarios de las personas, la filosofía no siempre da cuenta de los procesos empíricos históricamente situados. Por ello, aventurar relaciones unívocas en un sentido claro y predecible no se condice con la fluidez y contradicciones en las que los procesos de individuación se desarrollan en un contexto de cambios sociales, económicos, políticos y culturales vertiginosos. Cuál es el rol del dinero, qué puede comprar o no, es más que una discusión meramente abstracta, o restringida a entender la legitimidad que le otorgan los individuos, que debe ser revisada, además, a la luz de su materialización concreta en las relaciones sociales y la vida de las personas.

Para terminar, quisiera confirmar que la autonomía y la individualización han sido núcleos centrales de las sociedades que habitan en el mundo moderno. Ellos son resultado de procesos amplios de democratización, derechos sociales y económicos, que junto al mercado, han posibilitado la expansión de las libertades. Esto, por supuesto, varía de región en región, país en país. En Chile la pregunta por cómo seguir expandiendo las libertades a grupos cuyos derechos formales no están garantizados en la práctica – como los niños y niñas en contextos de pobreza, mujeres víctimas de violencia, quienes pertenecen a algún pueblo indígena, o personas con discapacidad – requiere mucho más que estimar y hacer consciente el uso del dinero, requiere pensar el cómo compatibilizar los mecanismos del mercado con la organización colectiva de bienes y servicios, con el rol de un Estado en un mundo cada vez más globalizado.