Comparto el marco teórico del ensayo de la autora, y creo que sus conclusiones pueden extenderse a su vez al resto de los grupos históricamente discriminados. De hecho, se podría realizar un catastro de leyes vigentes injustas para cada uno de estos grupos (el matrimonio entre hombre y mujer es una de ellas), al que se podrían sumar los proyectos de ley ciegos a las necesidades específicas de unos u otros (como ejemplo se puede nombrar la falta de perspectiva de género en la reforma del código penal, en particular en el tema de abusos sexuales). Y para cada colectivo, se podrían enunciar una cantidad de leyes y medidas para promover una igualdad sustantiva y no meramente formal (se ha hablado de cuotas de representación de pueblos originarios en el Congreso).
Mi impresión es que no existirá un avance en esta materia hasta que una institucionalidad dentro del ejecutivo se encargue de llevar adelante esta labor y que la ley o reforma rectora le confiera el poder y los medios para materializarla.
En Espacio Público desarrollamos una propuesta de política pública que apunta en este sentido. Los invito a leer su resumen ejecutivo:
Entre las funciones identificadas se recogen aquellas mencionadas por la autora en su artículo: modificación o eliminación de leyes de raíz discriminatoria, control previo de proyectos de ley para que consideren las perspectivas de género y no discriminación y desarrollo de políticas públicas que orienten al Estado y la sociedad toda hacia un horizonte de igualdad activa y transformadora, políticas que considerarían medidas especiales temporales como las leyes de cuotas.
Cuando consideramos el lugar dónde deberían alojarse estas funciones dentro del diseño actual del Estado, pensamos en dos posibilidades: El ministerio de la Mujer y la Equidad de género, por natural expansión de sus actuales labores, y la subsecretaría de derechos humanos, por tener esta como primer principio rector el derecho a la igualdad y la no discriminación. Hay pros y contras al momento de decidirse por uno de los dos, pero más allá de este tema de diseño, el fondo de la iniciativa es lograr que el Estado trabaje en pos de una sociedad inclusiva, y que este cambio sea motor de un cambio social aún más amplio y duradero. Mientras el Estado siga discriminando (deliberada o inadvertidamente) en contra de mujeres, pueblos originarios, diversidad sexual, migrantes y otros grupos, nuestra sociedad seguirá permitiendo los atropellos que acarrean las jerarquías históricamente naturalizadas dentro del tejido social.
Ahora bien, un tema que requiere innovación constante es el de los incentivos que deben ponerse en juego para lograr esta transformación. No bastan solo las leyes. En su momento, los incentivos de sueldo recogidos en el PMG (programa de mejoramiento de la gestión) de género sirvieron para incorporar una perspectiva de género en áreas del Estado que hasta entonces resultaban inconmovibles en este sentido. Sin embargo, con el paso del tiempo, el PMG de género se ha vuelto una práctica burocrática, sin corazón, porque las medidas que se toman en cuenta para entregar el incentivo no tienen ni la profundidad ni la dedicación necesarias. Habrá que mejorar este o buscar otros mecanismos, con mayor planificación, con criterio de avance continuo, con evaluaciones independientes anuales que permitan juzgar el grado de compromiso del área o servicio público con el principio de igualdad y no discriminación.
Y, por último, hay una dimensión territorial que nos pareció interesante de considerar. Con el fin de que los esfuerzos se multipliquen más allá del gobierno central, creemos que se podría establecer un fondo concursable, al que tuvieran derecho a postular municipalidades, corporaciones vecinales y otras organizaciones intermedias, de modo que el esfuerzo se multiplique no solo a lo ancho del Estado sino también a lo largo del país.