El ensayo de Rodrigo Correa es refrescante en varios sentidos. Escrito mediante una pluma elegante, precisa, sin pretensiones alambicadas, su autor hilvana un examen razonado y agudo del contexto en el que se inscribe este ya largo momento constituyente por el que atraviesa Chile y ofrece una propuesta para pensar sus desafíos. No es un texto complaciente sino desafiante. Insta a abandonar las interpretaciones dominantes sobre los catalizadores de esta crisis, plantea relocalizar sus coordenadas de análisis y enfocarse en soluciones que garanticen el desarrollo futuro de prácticas políticas virtuosas. Estas prácticas, según su autor, debieran poder estar dotadas de legitimidad y permitir una adecuada gobernabilidad; es decir, «equilibrar las exigencias de responsabilidad (responsibility) con las de representatividad (responsiveness)».
Correa observa que el desafío de vertebrar instituciones posibilitadoras de la formación de la voluntad democrática no puede realizarse plausiblemente reenviando, sin más, a la figura mítica del pueblo. Tampoco puede hacerse a través de fórmulas de mediación institucional jibarizadas o fragmentadas.
La tesis del autor es que el problema de legitimidad constitucional chileno no deriva del origen autoritario de la Constitución de 1980 ni se vincula al programa político-ideológico que ella instala. Remite, en cambio, a la existencia de prácticas y reglas institucionales que han obstaculizado que la voluntad democrática se exprese adecuadamente. Es decir, a la dimensión de legitimidad de ejercicio. De ahí que, a juicio del autor, sea erróneo ubicar la crisis constitucional en el plano de lo simbólico. Esta tendría una raíz institucional y, por tanto, sus soluciones debieran apuntar al establecimiento de instituciones constitucionales que permitan la formación adecuada de la voluntad democrática en el marco de las condiciones sociales actuales.
Correa postula que, hoy más que ayer, la imagen del pueblo, otrora aglutinadora, tendría dificultades para sintetizar la heterogeneidad rampante de intereses individuales, mutuamente competitivos. Esa fragmentariedad, tanto en su dimensión ciudadana como en su dimensión institucional, amenazaría con pulverizar la posibilidad de acuerdos colectivos razonables. En consecuencia, debiera ser evitada. Para ello se requiere esfuerzos individuales e institucionales. Por un lado, cabría esperar que cada ciudadano aceptara la eventual priorización de intereses ajenos como una forma legítima de realización de la voluntad democrática. Por el otro, las prácticas e instituciones debieran estimular la evaluación crítica de esas preferencias individuales, mediante una opinión pública orientada a la generalidad y un sistema de unos pocos partidos fuertes. El ensayo explora dos posibilidades alternativas de ejecución de este último objetivo: a) un modelo bipartidario inserto en un régimen presidencialista o b) un modelo parlamentario que favorezca las coaliciones.
El análisis y la propuesta de Correa pueden inscribirse en la tradición de la democracia liberal o representativa, con algunos componentes elitistas. En efecto, el ensayo destila cierta desconfianza respecto de las fórmulas de democracia participativa y postula, como ya advertí, que la fragmentación de fuerzas políticas es eminentemente problemática. Sin duda, se trata de una propuesta que contribuye al debate y que merece ser tenida debidamente en consideración. Tengo, sin embargo, coincidencias y discrepancias con esta tesis central.
Es evidente que uno de los desafíos históricos de la construcción político-democrática a nivel global ha sido la articulación de una visión común en el marco de una inexorable heterogeneidad social. Como pone de relieve el ensayo, en contextos altamente individualistas, esa articulación es más difícil de realizar y puede provocar efectos indeseados si no se canaliza adecuadamente. Algunos de estos efectos los hemos visto en el constitucionalismo latinoamericano. El ideal de la universalización de los derechos ha sido con frecuencia reemplazado por una inflación de deseos y preferencias individuales, caracterizada por una acumulación de perspectivas ideológicas que colisionan unas con otras y terminan, tomando prestada la expresión de Costas Douzinas, auto devorándose. Adicionalmente, el énfasis en las dimensiones simbólicas de los derechos y el correlativo descuido de las cuestiones vinculadas con los arreglos institucionales («la sala de máquina» a la que se refiere Gargarella) puede terminar por degradar a las normas constitucionales a simples enunciados expresivos o testimoniales. Me parece, entonces, que uno de los grandes desafíos de una nueva institucionalidad constitucional consiste en elegir vías y herramientas que permitan conjurar los peligros que un pluralismo desbocado podría acarrear.
No tengo claro, en cambio, que una democracia bipolar —mucho menos, una democracia que neutralice la diferencia (una especie de «república del centro» parafraseando la expresión de Chantal Mouffe) — sea, por definición, la mejor forma de pavimentar una nueva institucionalidad chilena que potencie los beneficios del intercambio democrático y los estabilice en el tiempo. La falta de remozamiento del arco de partidos y movimientos políticos tiene sus propios riesgos. Puede crear un terreno favorable para los movimientos políticos extremos y ser caldo de cultivo para discursos y prácticas populistas. Creo, siguiendo a Mouffe, que lo que define a la democracia es el conflicto o enfrentamiento agonal. En consecuencia, los acuerdos institucionales serán apropiados en la medida de que sean sensibles a las condiciones socioculturales que laten en esos conflictos; y siempre y cuando esos arreglos actúen como intercambiadores eficaces entre esa conflictividad social y la discusión política. En palabras de la politóloga belga: «el objetivo de una política democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del pluralismo» (Mouffe 1999, 14).
Me parece problemático asumir — como parece hacerlo el ensayo —que el sistema proporcional es el causante de una fragmentación de las prácticas políticas recientes. La erosión del sistema político es similar a la erosión ambiental, es decir, se produce por una combinación de causas. Una lluvia puede preceder a un derrumbe, pero no es ella la que causa la caída final, sino un conjunto de factores acumulados previamente. Diversos análisis políticos vienen sugiriendo, desde hace décadas, la existencia de un fenómeno sostenido de desafección de la política en Chile que, entre otras razones, se atribuye al estilo consensualista de los dos grandes bloques políticos que dominaron el escenario posdictadura. Tironi y Agüero (1999) plantean que el sistema bipolar de coalición fue sorprendentemente exitoso, interrumpiendo la tradición chilena de los tres tercios y estabilizando en dos grandes bloques políticos las preferencias electorales ciudadanas. Pero, según estos autores este resultado se cimentó sobre una «fisura autoritarismo/democracia». Esta expresión alude a una experiencia vital compartida por toda una generación que tuvo su eje en el plebiscito de 1988. Así, dicha generación formó, de manera bipolar, una conciencia política, una identidad, referencias y preferencias electorales que se mantuvieron estables durante varias décadas después. En resumidas cuentas, ese resultado tuvo más que ver con un marco simbólico-vivencial que con un arreglo institucional. No parece aventurado sostener la hipótesis de que la irrupción de una nueva generación en el espectro político reciente, que parece haber des-inscrito su vivencias y referencias políticas de aquella fisura identitaria vehiculándolas a través de un tercera fuerza, estaría mostrando que el sistema bipolar previo no fue otra cosa que un largo paréntesis en nuestra historia institucional reciente, cuyas condiciones de establecimiento fueron tan extraordinarias que difícilmente podrían reproducirse en el futuro.
Me parece importante destacar, finalmente, que la heterogeneidad social que está llamada a atender la política chilena bajo una nueva Constitución, no se reduce únicamente a la multiplicidad de preferencias individuales. Una de las limitaciones que han mostrado históricamente los modelos de democracia liberal ha sido justamente su incapacidad de identificar y administrar adecuadamente la heterogeneidad intergrupal. Young (1996) explica que el ideal de la esfera pública, como expresión de la voluntad, y su contrapartida, es decir, la idea de una ciudadanía indiferenciada, han operado, en los hechos, como una demanda de homogenización de las personas y también de los grupos sociales. Así, la democracia liberal ha tendido a expulsar de la deliberación política las diferencias de género, origen nacional, grupo étnico o clase social, invisibilizando sus consecuencias materiales y simbólicas (Young, 1996). Hay robustos indicios de que las luchas políticas identitarias contra el sexismo, el racismo y otras formas de subordinación es un fenómeno que se ha instalado en Chile para quedarse. Eso, desde luego, le suma mayor complejidad al escenario político futuro. Me parece difícil que ese gran arco de diversidad pueda administrarse por el sistema político mediante vías institucionales que intenten simplificarlo o disolverlo. Creo, en cambio, que el desafío de construir una ciudadanía democrática en sociedades como la chilena debe enfrentarse con fórmulas nuevas, que permitan vertebrar lo universal desde lo particular, y no en contra o a pesar de esta última dimensión. Intuyo que este importante desafío tiene mejores perspectivas de realización mediante arreglos institucionales que intensifiquen el pluralismo del sistema, evitando su pérdida de cohesión. Me parece que es posible, a los efectos, combinar distintas estrategias de la democracia representativa con mecanismos de democracia participativa y con nuevas formas de concebir la representación, como las cuotas políticas y la paridad.
Referencias
TIRONI, E. y AGÜERO, F. (1999) “¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno?”, Estudios Públicos No. 74, otoño 1999, Santiago.
MOUFFE, Ch. (1999) El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Paidós.
YOUNG, I. (1996) “Vida política y diferencia de grupouna crítica del ideal de ciudadanía universal, en Castells . C. Perspectivas feministas en teoría política , Paidós: Madrid. pp. 99-126